Actualizar los conocimientos sobre legislación en materia penal, seguridad vial o cualquier otra materia de interés para las jefaturas y mandos de los cuerpos de Policía Local es el objetivo del Encuentro de Jefaturas y Puestos de Mando en la Policía Local de Castilla-La Mancha que, todos los años, organiza la Escuela de Protección Ciudadana, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
En esta ocasión han sido 24 miembros de la Policía Local de la región, entre oficiales, inspectores o subinspectores, los que han recibido formación sobre la nueva ley de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, aprobada el pasado junio. La clase magistral fue impartida por el catedrático de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y antiguo miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Jorge Cardona Llorens.
Como expuso el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, durante la presentación del ponente, con la realización de dicha actividad formativa se pretende contribuir a aumentar la sensibilización con respecto a esta problemática, el establecimiento de medidas de prevención eficaces que impulsen la detección precoz de este tipo de situaciones de violencia y de discriminación, las medidas de coordinación y de colaboración, y la aplicación de los correspondientes planes y protocolos de actuación relacionados con la atención y protección de las víctimas, en aquellos casos en los que tengan que intervenir los policías locales, procurando siempre el respeto a los derechos del menor.
Según Cardona, lo novedoso de la nueva ley, es que pone de relieve que los menores son sujetos con derechos, con libertad y posibilidad de denuncia en los casos de violencia, incluso permitiendo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan intervenir antes de que la violencia se haga efectiva.
El catedrático hizo especial hincapié en el capítulo 10 de la ley, donde se especifican los criterios de actuación que han de regir la labor que deben realizar los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como la adopción inmediata de todas las medidas provisionales de protección que resulten adecuadas, la practica sin dilación todas las diligencias imprescindibles que impliquen la intervención de la persona menor de edad, impidiendo cualquier tipo de contacto directo o indirecto en dependencias policiales entre la persona investigada y el menor, permitiendo a estos formular denuncia por sí mismos, sin necesidad de la compañía de un adulto, entre otros.
La ley también contempla la creación de unidades especializadas en la investigación y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia, además de la preparación para una correcta y adecuada intervención ante tales casos. Así como la formación en los cursos de ingreso, formación y actualización del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre contenidos específicos sobre el tratamiento de situaciones de violencia a menores desde una perspectiva policial.
Una situación compleja
Más de 11.000 casos de violencia en menores tuvieron lugar en nuestro país el año pasado, según datos de la Fundación ANAR. Una preocupante señal, si tenemos en cuenta que, en 2009, primer año que la fundación empezó a tomar datos de forma oficial, se contabilizaron un total de 1.487. Unas cifras que, según palabras del catedrático Cardona, obligan a replantearse un cambio de paradigma pues, al contrario de lo que ocurre con otros tipos de violencia, el tema de las acciones violentas contra los menores, tanto físicas como psíquicas, no tienen el mismo eco en la sociedad.
