Autoprotección

De acuerdo con la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, la autoprotección se configura como un deber que impone a los ciudadanos la carga de adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos, así como exponerse a ellos. Una vez sobrevenida una emergencia, los ciudadanos deberán actuar conforme a las indicaciones de los agentes de los servicios públicos competentes.

Asimismo, los titulares de los centros, establecimientos y dependencias, públicos o privados, que generen riesgo de emergencia, estarán obligados a adoptar las medidas de autoprotección previstas en dicha Ley y en la normativa de desarrollo. En este sentido, conforme a lo dispuesto en la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, aprobada mediante el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, se puede definir la autoprotección como el sistema de acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, y a garantizar la integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil. Estas acciones y medidas deben ser adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencia.

Por otro lado, corresponde a las distintas Administraciones Públicas, en el marco de sus competencias, promover de forma coordinada la Autoprotección, estableciendo los medios y recursos necesarios mediante el desarrollo de actuaciones orientadas a la información y sensibilización de los ciudadanos, empresas e instituciones en materia de prevención y control de riesgos, así como en materia de preparación y respuesta en situaciones de emergencia.